Las Prelaturas Personales, Jorge Miras

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Las Prelaturas Personales, Jorge Miras

I. Importancia de la fijación del concepto

La novedad de la prelatura personal, como forma organizativa específica, y la parquedad de las normas de derecho universal que constituyen su régimen jurídico básico podrían llevar a cierta desorientación en su estudio, si se pasara por alto la precisa información sobre la naturaleza de esta figura que se contiene en el término que ha escogido el legislador para darle nombre: prelatura.

En efecto, la primera regla hermenéutica que ha de aplicarse para entender el sentido de las normas y, consecuentemente, de las instituciones reguladas por ellas, es atenerse al sentido propio de las palabras: “Las leyes eclesiásticas deben entenderse según el significado propio de las palabras, considerado en el texto y en el contexto” (CIC, c. 17). Cuando el legislador, para denominar una institución, usa un nombre que pertenece al acervo técnico de la tradición canónica, y no consta que haya querido atribuirle un significado nuevo, la norma interpretativa que se acaba de mencionar viene completada por el criterio indicado por el c. 6 § 2: “En la medida en que reproducen el derecho antiguo, los cánones de este Código se han de entender teniendo también en cuenta la tradición canónica”. Ese es el modo de conocer el significado propio de las palabras elegidas por el legislador cuando se trata de términos que no son de nuevo cuño en derecho canónico.

En este sentido, refiriéndose al derecho matrimonial pero con un razonamiento perfectamente válido para el asunto que nos interesa ahora, decía Juan Pablo II a la Rota Romana en enero de 1993: “(…) en la interpretación del Código vigente no se puede suponer una fractura con el pasado como si en 1983 se hubiera dado un salto a una realidad totalmente nueva. En efecto, el legislador reconoce positivamente y afirma sin ambages la continuidad de la tradición canónica, en especial donde los cánones se refieren al antiguo derecho (cfr c. 6, 2). Es evidente que se han introducido muchas novedades en el Código vigente. Pero una cosa es constatar que se han hecho innovaciones en no pocas instituciones canónicas, y otra pretender atribuir significados insólitos al lenguaje usado en la formulación de los cánones. Verdaderamente, debe constituir una preocupación constante del intérprete y de quien aplica la ley canónica entender las palabras utilizadas por el legislador según el significado que la doctrina consolidada y la jurisprudencia les han atribuido en el ordenamiento jurídico de la Iglesia, a través de una larga tradición. Y hay que considerar cada término, además, en el texto y en el contexto de la norma, en una visión de la legislación canónica que permita su valoración unitaria”[i].

 

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